“Migración y delincuencia: Una mirada desde las Cifras de la Defensa Penal”
Por Patricio Le Cerf, Alfredo Figueroa y Antonieta Ubillo.
Desde hace un par de años se ha venido escuchando entre la ciudadanía, al parecer mediado por los medios de comunicación, que la delincuencia ha ido en aumento a manos de extranjeros y/o migrantes. El Centro de Estudios Público (CEP), presentó el 2020 un estudio de migración, que incluyó un capítulo titulado “Inmigración y delincuencia: un problema acotado”, en el que demuestra que al año 2017 un 43% de las personas indicaban estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Los inmigrantes elevan los índices de criminalidad”, siendo esto, según el mismo análisis, una percepción inadecuada a partir del análisis de los datos.
Del mismo modo, conforme a esta percepción comunitaria, podría influir en la prestación prestación de servicios del Estado, y en particular, en la aplicación de justicia por parte del sistema judicial chileno.
En ese contexto, el presente análisis busca, a partir de los datos de la Defensoría Penal Pública y el rol que cumple como servicio público, conocer el comportamiento descriptivo del imputado extranjero o migrante, así como la detección de alguna tendencia o relación de la condición de extranjero y medidas cautelares, como la prisión preventiva en el proceso de defensa de este grupo de imputados.
Este grupo de personas que encontraron su hogar en nuestro país, han llegado por diversas razones y de distintos países con el propósito de desarrollar sus vidas siendo integrantes de la sociedad chilena. Como parte de la población del país, éstos están sometidos a los mismos derechos y obligaciones que todo habitante del territorio nacional, y el sistema de justicia penal no es la excepción.
Cuando se habla de delincuencia, se entiende que es la ocurrencia de delitos, definidos éstos como toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, y quienes los cometen se les denomina delincuentes. Sin embargo, el sólo hecho de imputar a alguien un delito, no lo convierte en delincuente. Sólo se puede hablar de imputados mientras el tribunal no determine responsabilidad penal frente al hecho que se le imputa a cualquier habitante del territorio.
Por consiguiente, cuando una persona es imputada por algún delito, tiene el derecho a contar con un abogado que lo defienda aún si no tiene los medios para proveerse de uno. Cuando esto ocurre, puede recurrir a una defensa penal pública provista por el Estado, la cual, conforme a lo establecido en nuestro marco normativo, deberá proporcionar sus mejores capacidades y competencias al servicio público otorgado.
La Defensoría Penal Pública
La Defensoría Penal Pública en Chile (DPP), es una de las instituciones intervinientes del sistema penal chileno. Este Servicio atiende a todas las personas, chilenas o extranjeras, que sean imputadas o condenadas por el sistema de justicia penal y que no cuenten con abogado particular de su confianza.
Esta institución del Estado tiene el compromiso de proteger los derechos de todas las personas que así lo requieran en el territorio nacional, independientemente de su situación migratoria, económica, social o cultural. En este contexto, la Defensoría ha puesto especial énfasis en dar servicio de defensa a los imputados extranjeros.
El proceso penal
El proceso penal acusatorio en Chile se desarrolla bajo la normativa nacional e internacional, y en observancia al debido proceso. En términos simples, el proceso penal consta de tres etapas: investigación, intermedia y juicio oral, donde participan los distintos intervinientes. Para comprender los pasos del proceso penal, puede revisarse la infografía.
A partir de una denuncia que eventualmente puede ser constitutiva de delito, comienza la persecución penal por parte del Ministerio Público, entidad encargada de investigar el delito. Una vez que el imputado se enfrenta a tribunales, cuenta con un defensor que vela para que se respeten las garantías del debido proceso y sus derechos. En esta instancia se discuten las condiciones de su detención, y, dependiendo del tipo de delito, la pena asociada y otros aspectos. Eventualmente, mientras dura la investigación, se le pueden aplicar medidas cautelares como la prisión preventiva. Luego, después de la investigación, el proceso puede o no continuar en juicio oral. Finalmente, la causa termina con una dictación de sentencia, donde el imputada podrá ser absuelto o condenado de acuerdo a los antecedentes discutidos en juicio. Cabe señalar que una causa penal tiene una duración, número de audiencias variables, así como dictación de sentencia y formas de término diferentes.
Analizando los datos
Para poder responder a algunas interrogantes respecto a la situación de imputados extranjeros que han sido atendidos por la Defensoría Penal Pública, hemos realizado una revisión de los datos consolidados provistos por la DPP. Esto en el marco del trabajo para el Módulo de Análisis Exploratorio en Ciencia de Datos impartido por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Para ello, accedimos, vía transparencia, a una base de datos consolidada de los últimos cuatro años de causa-imputados de la DPP. Así entonces, revisamos, limpiamos y preparamos un dataset que cuenta con 1.348.927 filas y 19 variables, sin casos perdidos (N/A), que dan cuenta de distintos aspectos de las causas-imputados que llevó la DPP frente a tribunales entre los años 2017 al 2020. La variable Sexo, indica 3 valores: hombre, mujer y sin información, dado que hay imputados que no han declarado definición de sexo, en particular en el caso del grupo de origen nacional (no extranjero).
Importante indicar que durante el análisis exploratorio de los datos, no hubo duplicados, luego al eliminar datos sensibles y/o identificatorios de causas, el sistema arrojó aparentes duplicaciones, pero ello sólo da cuenta de las características coincidentes en múltiples causas asignadas a la estructura organizativa de la DPP.
Debido al gran volumen de datos, se recurrió al software estadístico RStudio para un correcto manejo de los mismos.
Como se puede ver, hay datos de alto interés público asociados a las causa-imputado, frente a los cuales, y conforme a los que nos hemos propuesto analizar, abordaremos aquellos datos que nos permitan responder las siguiente preguntas:
1.- ¿Ha aumentado la defensa penal pública de imputados inmigrantes/extranjeros en los últimos años en nuestro país dado el crecimiento de esta población el último tiempo?
2.- Cómo se distribuyen la causas de imputados inmigrantes/extranjeros que llevó la Defensoría Penal Pública los últimos 4 años, por región, sexo y grupo de delito?
3.- ¿Existe relación entre la condición de inmigrante/extranjero y la imposición de medida cautelar de prisión preventiva?
Para responder a estas interrogantes se tomarán como variables de estudio de interés: Año, Sexo, Región, Grupo de Delitos, Origen del imputado y Medida Cautelar de Prisión Preventiva, asociados al grupo de imputados extranjeros/migrantes. En el caso de delitos, se prefirió trabajar con la variable agrupada y ya existente en el dataset, esto para facilitar la lectura y comprensión de este dato. Lo mismo ocurre con la variable origen, la cual corresponde a la agrupación de nacionalidad, categorizada por extranjero y no extranjero.
1.- ¿Ha aumentado la defensa penal pública de imputados inmigrantes/extranjeros en los últimos años en nuestro país dado el crecimiento de esta población el último tiempo?
Los datos aportados por el informe de “Situación de la migración en Chile: datos recientes y tramitación del proyecto de ley de migración” dan cuenta del sostenido incremento de la población migrante en nuestro país. Ya en el período 2010–2015, la CEPAL/OIT posicionaba a Chile como el país con el mayor crecimiento de la tasa de inmigración (4,9%), la cual no consideraba en aquellos años el mayor incremento migratorio desarrollado a partir del 2017 en el contexto de la crisis venezolana y haitiana. El mismo informe, señala lo indicado por el Instituto nacional de estadísticas, la que estimo a diciembre del año 2019 que la población migrante alcanzó 1.492.552 personas. Conforme a lo anterior, se podría estimar que al aumentar la población migrante en Chile, también podría haber aumentado el número de migrantes o extranjeros imputados en causas penales.
Para conocer la situación general de imputados extranjeros/migrantes, realizaremos una revisión descriptiva que nos permita conocer la prestación de defensa penal para personas extranjeras por parte la DPP en los últimos cuatro años.
Como se puede apreciar, en el período 2017–2020, el total anual de causas penales de chilenos mantenía una tendencia ascendente, la que luego se quiebra en el año 2020, aparentemente atribuible a la pandemia y las medidas de control de la misma. Sin embargo esta gráfica muestra un leve crecimiento de causas penales de personas extranjeras.
Realizando un análisis particular de las causas penales sólo de extranjeros, la gráfica indica un sostenido incremento. Llama la atención que el año 2019 se aprecia un aumento significativo de este tipo de causas, lo que coincide con el incremento total de causas a nivel nacional, sólo explicables por la demanda de prestación de defensa durante el estallido social, pero en disonancia con las medidas impuestas a propósito de la pandemia por COVID 19, vigentes casi la totalidad del año 2020.
La tendencia observada en los datos, respecto a las causas vinculadas a los extranjeros, pone en evidencia la necesidad de asegurar la prestación de defensa en términos de cobertura y calidad, para un grupo de imputados que está en crecimiento.
En términos generales, la proporción de defensa de imputados extranjeros o migrantes es de un 3,3% frente a un 96,7% de imputados nacionales, que si bien es pequeña, probablemente si se sostiene la tendencia al alza, podría conducir eventualmente a una mayor demanda del servicio, y en términos comunicacionales, contribuiría a un mayor prejuicio contra este grupo de la población.
2. ¿Cómo se distribuyen la causas de imputados inmigrantes/extranjeros que llevó la Defensoría Penal Pública los últimos 4 años, por sexo, región y grupo de delitos?
El fenómeno migratorio sabemos que es una realidad en nuestro país, y probablemente el potencial incremento de delitos atribuibles a este grupo de la población es un fenómeno a abordar. En este sentido el Estado y sus organismos dependientes, deben estar preparados para proporcionar el mejor servicio a migrantes y extranjeros, conforme a sus características propias.
Para responder a nuestra segunda pregunta, revisaremos algunos aspectos generales de cómo se distribuye el servicio de defensa penal de extranjeros y migrantes a nivel nacional.
Como muestra el gráfico, la mayor proporción de imputados lo concentran los hombres con un 81,9%, mientras que las mujeres representan el 18,1%. El valor sin información, que obedece a imputados que no declararon identificación por género, no resulta significativo (aproximada al 0%).
Sin tener una asociación directa, pero estimándose una potencial relación comparativa, los datos disponibles en Gendarmería de Chile indican que al 31 de Mayo del 2021, la proporción de mujeres atendidas por sus servicios alcanzan el 10,4% de la población penal bajo su responsabilidad. Este porcentaje es levemente inferior al identificado en la prestación de defensa penal pública (18,1%), tanto para imputados nacionales como extranjeros, pero puede no ser significativo si miramos el sistema penal y penitenciario en su conjunto, puesto que la población no necesariamente es la misma.
En relación a la distribución de causas penales de extranjeros a nivel regional , se observa que la principal concentración se encuentra en la Región Metropolitana zona Norte. Cabe destacar que la distribución por región está orientada a las presencia de las Defensorías Regionales, y de acuerdo a la estructura organizacional de la DPP, la Región Metropolitana está dividida en dos zonas: la norte y la sur, (DRMN y DRMS, respectivamente). Le siguen en cantidad de causas penales de extranjeros, las regiones del norte del país : Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota. Estas regiones están directamente vinculadas al flujo migratorio por la frontera norte (incluidos los pasos no habilitados), además de concentrar actividad económica relacionada a la gran minería.
En el resto de las regiones no existe una concentración significativa de este tipo de causas en el caso de extranjeros.
En el caso de los delitos , éstos se abordaron por agrupación de los mismos. Como se puede ver en el gráfico, los primeros cuatros grupos de delitos que concentran la mayor cantidad de causas de imputados extranjeros son: lesiones, seguido por delitos relacionados con la ley de drogas, delitos de tránsito y delitos contra la libertad e intimidad de las personas. En comparación con los delitos asociados a causas penales de imputados nacionales encontramos una diferencia, donde los delitos de tráfico de drogas, no está entre los de mayor ocurrencia en este grupo. Resulta particularmente interesante el tipo de delitos que representan las mayores cantidades de casos, apreciándose potenciales factores de carácter cultural en su ejecución. Sin embargo, en relación al estudio del comportamiento de la defensa penal de migrantes realizado por el CEP, se evidencia una diferencia en el ranking de delitos, donde en primer lugar estaba el de drogas, respecto de este grupo de imputados.
Esta información se perfila como un importante insumo para la estrategia de respuesta de la DPP, así como un antecedente clave en materia de convivencia social e integración de los extranjeros en nuestra sociedad (además de la potencial implementación de medidas preventivas).
3.- ¿Existe relación entre la condición de inmigrante/extranjero y la imposición de medida cautelar de prisión preventiva?
Habiendo explorado en términos generales, la demanda de servicios de la DPP hacia extranjeros, consideramos relevante explorar si a partir de los datos es posible identificar una relación entre la condición de imputado extranjero y la imposición de medidas cautelares como la de prisión preventiva, además si é sta es similar a lo observado en imputados nacionales.
Reconocemos claramente que el resultado obtenido en las distintas etapas del proceso penal dependerá de elementos multifactoriales, donde la estrategia de defensa y las características y condiciones del imputado son muy relevantes. Por consiguiente, para identificar potenciales diferencias entre defensa de imputados nacionales y extranjeros, se decidió considerar la prisión preventiva como el criterio comparativo entre ambos grupos. A partir de aquello, explorar si efectivamente existe una relación potencial entre la condición de extranjero y una mayor probabilidad de ser puesto en prisión preventiva durante el proceso investigativo, tal como se concluyó en el estudio “Inmigración y delincuencia: un problema acotado”, que analizó datos de la DPP hasta el 2017.
Las cifras observadas, en relación a la distribución de imputados y prisión preventiva, se pueden observar en la siguiente tabla:
Como se puede apreciar, el grupo de imputados extranjeros es significativamente menor (sólo un 3,3% del universo de imputados). El porcentaje de imputados extranjeros que se les impone prisión preventiva es de un 2,5% del total de imputados. Mientras que para los no extranjeros dicho porcentaje es de un 9,5% para aquellos que se les impone dicha medida cautelar y un 87,2% a los que no
Ahora bien, para determinar si existe una relación de independencia entre la condición de inmigrante/extranjero (variable “Origen”) y la imposición de medida cautelar de prisión preventiva (variable “Prisión preventiva”), nos hemos planteado las siguientes hipótesis:
H0: La condición de imputado inmigrante/extranjero no influye en la imposición de medida cautelar de prisión preventiva
H1: La condición de imputado inmigrante/extranjero influye en la imposición de medida cautelar de prisión preventiva
Para contrastar las hipótesis con este tipo de variables categóricas, el estadístico de prueba seleccionado ha sido el Chi cuadrado con un 95% de confianza, ejecutado en RStudio.
Conforme lo observado, el p-valor = 0.000000000000002, inferior a 0,05, es posible rechazar la Hipótesis nula, estimándose que a partir del comportamiento de los datos 2017–2020 de la DPP, la condición de imputado inmigrante/extranjero efectivamente influye en la imposición de medida cautelar de prisión preventiva en la etapa de investigación penal de la causa.
Del mismo modo, podemos apreciar en el siguiente gráfico las diferencias proporcionales en la imposición de prisión preventiva entre imputados nacionales y extranjeros.
Conclusión
Este breve análisis constituye un acercamiento superficial que busca explorar a partir de los datos abiertos de la DPP, un fenómeno presente en nuestra realidad nacional, y que debe ser abordado respetando lo que como sociedad esperamos del Estado y el sistema judicial chileno.
Los datos analizados, indican lo siguiente:
- Las causas vinculadas a extranjeros solo representan el 3,3% del total de causas en el periodo 2017–2020.
- La prestación de servicios de defensa penal para imputados extranjeros es baja en relación a la totalidad, pero ha ido en aumento, manteniéndose la tendencia de crecimiento.
- La mayor ocurrencia de delitos están asociadas al grupo de lesiones y de drogas.
- La mayor concentración de causas penales de imputados extranjeros, se da en la Región Metropolitana seguida por las regiones de la Zona Norte.
- En relación al sexo de los imputados extranjeros, la mayor proporción de imputados lo concentran los hombres con un 81,9%, mientras que las mujeres representan el 18,1%, manteniendo la misma relación que en el caso de imputados nacionales.
En relación a la aplicación de prisión preventiva, el test chi cuadrado arroja que no existe independencia entre la condición de imputado extranjero y la aplicación de la medida referida en etapa de investigación penal.
Si bien este resultado arroja dependencia entre las dos variables, se sugiere investigar a mayor profundidad, las estrategias de defensa, así como otras condiciones de los imputados, el tipo de delito, entre otros elementos que expliquen a cabalidad el comportamiento de las causas penales, en sus diferentes etapas del proceso, para imputados extranjeros y migrantes, que no es posible abordar con este análisis.